El pasado 27 de diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases.
La normativa está enfocada en las metas de la Unión Europea de avanzar en la implantación de la economía circular y lograr los nuevos objetivos de reciclado de envases para 2025 y 2030.
Incluye entre sus novedades aspectos cuantitativos de reducción que coinciden con los reflejados en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que señala cómo meta para 2030 la reducción del 20 % para las botellas de plástico de un solo uso respecto al 2022.
¿Cuáles son los puntos más resaltantes del Real Decreto y cómo influye en las empresas? Sigue leyendo para que conozcas cada detalle.
El Real Decreto de Envases y Residuos de Envases está alineado con seis puntos claves:
Empecemos por señalar que la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases (DAE) es un documento con el que deben cumplir cada uno de los agentes económicos involucrados en la cadena de puesta en el mercado, consumo, gestión de residuo, de los envases y residuos de envases.
El DAE debe remitirse al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, previa inscripción en la sección de envases del Registro de Productores de Producto creado por el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo.
No obstante si los productores introducen en el mercado envases de servicio y menos de 50.000 kilogramos de envases comerciales e industriales, al final son los fabricantes, importadores o adquirientes de estos envases, o las empresas de distribución los que tienen la obligación de inscribirse de manera única para todos ellos.
Al momento de la inscripción, el productor recibe un número de registro que figura en las facturas y cualquier otro documento que acompañe a las transacciones comerciales de productos envasados.
La misma se formaliza en el lapso de 3 meses desde el 29 de diciembre de 2022, a través del trámite abierto en la sede electrónica del Ministerio.
Una vez inscritos en la sección de envases del Registro de Productores de Producto, se realiza la declaración anual de envases.
Hasta el 30 de abril de 2023, los procedimientos vinculados a información anual sobre envases puestos en el mercado están bajo la modalidad de prueba. Lo que significa incorporar la información y guardar, pero no se permite firmar ni registrar las declaraciones. Transcurrida esta fecha, se abrirán dos periodos para la presentación de la DAE 2021 y 2022.
Los datos son remitidos cada año a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiere, con el objetivo de conocer el monto total de envases puestos en el mercado.
Tal como lo hemos mencionado, desde el pasado 1 de enero de 2023 está en vigor el Real Decreto de Envases y Residuos para avanzar hacia la economía circular.
La ley contempla que los fabricantes deben rellenar y presentar en un lapso de 30 días el nuevo formulario de autoliquidación del “Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables”.
Este nuevo impuesto toma en cuenta el polímero y la cantidad utilizada en la fabricación de los envases, la durabilidad, el número de material reciclado que contiene, la presencia de elementos peligrosos y otros factores del proceso de reciclaje o reutilización.
Por lo tanto, el tributo afecta a las empresas que en la actualidad usen o se dediquen a fabricar envases o embalajes de plástico no reciclado y que no sean reutilizables.
También las que empleen productos semielaborados que sirven para obtener envases de preformas o láminas y los objetos que se destinan al cierre, comercialización o presentación de envases como tapones, fleje, film estirable, entre otros.
Con la finalidad de fomentar la economía circular, el impuesto grava con una tasa de 0,45 € el kilo de plástico dirigidos a fabricar envases de un solo uso.
Aquellas empresas que demuestren la reutilización de los envases o que utilicen en su fabricación material reciclado pueden resultar exoneradas del pago.
Sobre el tema, un estudio elaborado por la consultora Afi, especializada en finanzas junto con Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) asegura que la aplicación de la Ley de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto de Envases y residuos de envases amenazan la supervivencia de 2.400 empresas en su mayoría pymes.
La situación pone en riesgo más de 26.500 puestos de trabajo y conlleva un golpe económico de más de 7.000 millones de euros.
Diego Vizcaíno, socio de Afi, ha afirmado que el Real Decreto obliga a las empresas a efectuar cuantiosas inversiones, ya que deben adaptar sus líneas de producción a materiales alternativos con un coste fijo que el negocio internaliza y no todos tienen la capacidad de hacerlo sin perder rentabilidad.
Según el estudio de Afi, afrontar las consecuencias de Ley de Residuos y del Real Decreto de Envases costará a la industria alimentaria 7.040 millones de euros y al consumidor 780 millones por impuestos sobrevenidos.
Antes de la aprobación del Real Decreto, el envasador (en el caso de envases domésticos e industriales) dejaba la responsabilidad de la gestión al cliente. Ahora, los productores deben sufragar los gastos, informar de los envases que entran al mercado y diseñar planes para minimizar el número que producen.
La meta principal de la actualización del Real Decreto de Envases y Residuos de envases es prevenir y disminuir el impacto sobre el medio ambiente.
Asimismo, ratifica la economía circular con el objetivo de promover un nuevo modelo productivo de consumo en que los productos y recursos se queden en tránsito durante más tiempo y así minimizar la producción de residuos.
Algunos estudios que mencionamos en el artículo concluyen que el nuevo Decreto Real debe estar orientado a avanzar hacia la sostenibilidad, pero sin mermar la competitividad empresarial y menos la de un sector clave para la economía española que emplea cada año a casi medio millón de personas.
Por lo tanto, los productores se convierten en los responsables de los envases introducidos en el mercado. Esto quiere decir que la ley se centra en el concepto “quien contamina, paga”.
Este artículo se ha realizado en el marco de la Resolución de IVACE de concesión de una subvención al Consejo de Cámaras de la Comunitat Navarrana, para el fomento de la Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible en el año 2023.
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