El inicio de la primera Ley de Derechos de Animales en España

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Con la nueva Ley de Derechos de Animales, los perros, gatos y aves serán tratados en España como “seres vivos dotados de sensibilidad”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El largo camino inició el pasado 5 de enero, cuando entró en vigor la modificación del régimen jurídico que trajo consigo el preámbulo de la novedosa legislación.

Entre otras acciones, será obligatorio velar por el bienestar de las mascotas al momento de una separación o divorcio y además no pueden ser incluidas en las deudas hipotecarias como pertenencias.

Por ahora, se espera que la norma entre en vigor en el 2023.

Pues bien, con la iniciativa el Estado quiere regular el trato que deben recibir los animales de compañía a través de una norma común que recoja las directrices autonómicas y municipales.

La primera ley de este tipo en España

Como dato preliminar, es importante mencionar que la primera Ley de Protección de los Animales en España fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de marzo de 1988, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A partir de esta fecha, otras Comunidades Autónomas comenzaron a publicar sus respectivas leyes autonómicas protección animal durante los años siguientes:

1990. Leyes autonómicas de protección animal de Madrid, Murcia y Castilla -La Mancha.
1991. Ley autonómica de protección animal de las Islas Canarias.
1992. Leyes autonómicas de protección animal de Cantabria e Islas Baleares.
1993. Leyes autonómicas de protección animal del País Vasco y Galicia.
1994. Leyes autonómicas de protección animal de Navarra y Navarra.
1995. Leyes autonómicas de protección animal de La Rioja.
1997. Leyes autonómicas de protección animal de Castilla -León.

Este grupo de estatutos autonómicos tenían varios aspectos en común:

Accedían al sacrificio de animales después de un lapso sin que el animal hubiera sido recuperado por su responsable o adoptado.
No reglamentaban las colonias felinas, ni su control poblacional, salvo la Ley de Asturias, que es del año 2002, y más tarde en el 2008 la ley autonómica de Cataluña.
Las condenas económicas en caso de infracciones graves como el abandono y maltrato de un animal contemplaban sanciones insignificantes.

Tomando con referencia estos tres puntos, más tarde se promovió la modificación de algunas de estas primeras leyes autonómicas de protección animal.

Las asociaciones protectoras de animales ejercieron un rol importante al impulsar una nueva ley de protección animal más actualizada, acorde al contexto social y jurídico actual.

Varios años después, ya el Gobierno ha dado luz verde a la Ley de Derechos Animales que es catalogada como «una norma pionera en nuestro país».

A tal punto que representantes gubernamentales han asegurado que varias comunidades autónomas y ayuntamientos ya habían actuado en esta dirección con la meta de sentar las bases para un marco legal común.

El objetivo final de la nueva ley es sellar el fin al maltrato, reformulando el Código Penal en cuanto a sus penas, el abandono y el sacrificio de animales.

Qué pretende lograr esta ley

De acuerdo con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la legislación procura corregir la crueldad y el maltrato animal en España.

En esta línea se busca acabar con la impunidad de los maltratadores mediante la aplicación de penas de cárcel y multas.

A continuación explicamos los cambios que contempla la nueva ley:

El Código Penal endurecerá las penas por maltrato animal de 18 meses hasta los 24 meses si el ser vivo fallece debido al maltrato. Igualmente, considera la inhabilitación de hasta cinco años para vivir o trabajar con animales.
Queda prohibido el sacrificio de animales de compañía sin causa justificada. Para aplicar la eutanasia deben existir motivos sanitarios que estén bajo el control veterinario. De tal forma que queda prohibido sacrificar animales sanos por motivos de ausencia de un hogar.
Se crea un listado para definir qué animales pueden convivir con los humanos en las viviendas particulares.
Los animales deben estar identificados y vacunados de forma obligatoria.

En cuanto a la identificación, debe indicarse en el caso de los perros si son de guía, policía, de caza o pastores.

Las tiendas tienen prohibido comercializar con perros, gatos y hurones. Así como su exhibición al público con fines comerciales.
Con la reforma del Código Penal se incluye en la misma a todos los animales vertebrados y no solo aquellos de compañía. Tal es el caso de los jabalíes cuyo maltrato no representaba antes “ningún reproche penal”
Se prohíbe la existencia de circos que usen animales salvajes. Esto significa que los zoológicos y delfinarios serán centros de conservación de especies autóctonas.
Se restringe las prácticas como el tiro al pichón o las peleas de gallos. Las multas por este ejercicio llegan a los 200.000 euros.
Se elimina el término PPP (perros potencialmente peligrosos), pero establece uno nuevo como «perro de manejo especial».
La cría de animales solo debe ser ejercida por criadores registrados y profesionales.
Para luchar contra el abandono se creará un Sistema Estatal de Registros de Protección Animal que contempla un listado de animales, entidades de protección, criadores, zoológicos, profesionales del comportamiento animal y de personas inhabilitadas para la tenencia.
Los animales deben ser esterilizados antes de su venta, cesión o adopción.
Para evitar el daño medioambiental de las especies invasoras, se prohíbe la cría de animales alóctonos, no procedentes de España, como el visón americano.
Se establece que un perro no puede estar más de 24 horas sin la supervisión de una persona, a excepción de los perros pastores.

El Estado busca con la nueva Ley de Derechos Animales que la sociedad sea más humana y de esta forma darle fin a la injusticia para los maltratadores, que pueden recibir multas hasta de 200.000€ o acabar en la cárcel.